- Un informe critica la ineficiencia del personal para el servicio
El Tribunal de Cuentas, donde casi un centenar de sus 700 empleados son familiares y allegados de altos cargos y de representantes sindicales del organismo, necesita adaptarse a las nuevas tecnologías informáticas. Pero con el personal de que dispone no puede. Un informe del subdirector jefe del servicio central de informática de la Administración del Estado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que el 80% de la plantilla de informáticos del Tribunal de Cuentas (60 trabajadores) carece de conocimientos y titulación para afrontar las necesidades del servicio.
Este tribunal es el organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y al sector público. En los últimos años se le ha cuestionado por su ceguera en casos como el de Bárcenas —que durante 20 años dispuso de una caja b en el PP nutrida con donaciones ilegales—, y porque tarda hasta cinco años en emitir sus informes sobre cómo gastan las administraciones el dinero de las arcas públicas y cómo gestionan los partidos políticos las subvenciones.
El documento analiza la plantilla de informáticos y, salvo algunas excepciones, concluye que es ineficaz para lo que pretende el tribunal: desarrollar un sistema operativo adecuado que ayude al organismo a cumplir con celeridad sus objetivos fiscalizadores.
Esta carencia de personal informático adecuado (pese a su abultada plantilla de 60 trabajadores) ha obligado reiteradas veces al tribunal a acudir con urgencia a profesionales de la Administración General del Estado para resolver problemas. Y esto ocurre en un Tribunal donde se mueven todos los años cientos de expedientes “con información muy sensible y sujeta al deber de sigilo”, según detalla el informe del subdirector jefe, que además ofrece un dato demoledor: la mayoría de los informáticos solo tiene el graduado escolar o el bachillerato y no conoce más allá del programa Windows. El sueldo de un jefe de equipo de este departamento es superior al de un inspector de Hacienda recién llegado, en torno a 3.000 euros.
Este estudio fue elevado el pasado mes de mayo al pleno del Tribunal de Cuentas para que entendiera la situación que existe y la necesidad de profesionalizar el servicio, externalizando una parte o contratando personal cualificado si lo que pretende el tribunal es equiparar su tecnología a la de otras administraciones
El PAÍS publicó el pasado martes que cerca de un centenar de empleados del organismo encargado de fiscalizar las cuentas del Estado son familiares de altos cargos y de representantes sindicales. Muchos de estos familiares accedieron al tribunal tras franquear exámenes, y fueron asignados inicialmente (algunos aún continúan allí) al departamento de informática, como grabadores de datos, pero sin los estudios específicos.
El informe del subdirector jefe analiza la plantilla e indica: “Según esta relación de puestos de trabajo, para formar parte de una unidad informática departamental del tribunal, en el 80% de los puestos [bastó] con tener experiencia en MS-DOS, lo que a día de hoy sería equivalente a Windows, disponer de conocimientos informáticos y saber utilizar Office”.
El informe considera que la preparación de la plantilla es obsoleta, y añade: “Estos conocimientos son inherentes hoy en día al desempeño de cualquier puesto de trabajo en el que se utilice un ordenador personal, por lo que la práctica totalidad de los empleados del tribunal no estarían cualificados para ocupar uno de estos puestos”.
Destaca que, dadas las necesidades del tribunal, “no parece que baste con saber utilizar un ordenador para prestar los servicios que el tribunal demanda de sus profesionales TIC [Tecnologías de la Información y las Comunicaciones], y mucho menos ante la necesaria implantación de plataformas de administración electrónica que sitúen al Tribunal de Cuentas al nivel de otros órganos como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo”.
El informe critica que se han dado puestos laborales en el área de informática sin la debida preparación.“Si bien la descripción de los puestos y la formación exigida no corresponde con la necesidades reales de una unidad TIC, tal vez la selección del personal se realizó teniendo estas necesidades en mente y, de alguna manera, fueron ocupadas por personal con formación informática. Sin embargo, un sencillo análisis de la ocupación desmiente esta hipótesis: solo hay cinco personas con estudios de informática o telecomunicaciones entre un total de 60 puestos”.
De estos 60 miembros de la plantilla de informática, a 21 se les asignó la categoría de operador informático. Según el convenio colectivo aprobado entre los sindicatos y los altos cargos del tribunal, para acceder a este puesto solo era necesario tener estudios “de bachillerato, BUP, FP2 o LOGSE”, y alguna “experiencia en el sistema MS-DOS”. Y a otros 19 operarios solo se les exigió, por acuerdo de convenio colectivo, tener la “ESO, el graduado escolar o FP1”. Otra exigencia era tener “experiencia en desempeño de puesto de trabajo similar”. A los programadores informáticos (hay cuatro) les bastó únicamente con acreditar que tenían “experiencia en el sistema operativo MS-DOS”. Los dos jefes de negociado que hay en plantilla solo tuvieron que demostrar “conocimientos de proceso de texto, hoja de cálculo, gestores de datos y entornos ofimáticos”.
El informe analiza también los puestos del Servicio Central de Informática del Tribunal de Cuentas, donde hay otros 11 operarios. En este servicio, señala el documento, el nivel de exigencia profesional debe ser muy superior (“por encima del nivel de usuario de Windows”) al del personal antes citado. Tampoco sucede: “En siete de los once puestos es suficiente un uso básico del ordenador para ocupar un puesto informático en el Servicio Central de Informática”. Ninguno de estos siete operarios tiene estudios universitarios. En ese departamento han recalado algunos de los opositores con “padrino” en la institución, según asegura una fuente.
Algunos allegados de altos cargos son ahora jefes de equipo. El convenio colectivo del tribunal resta importancia a los estudios a la hora de ascender. Su artículo 6 establece: “Los aspirantes por el turno de promoción interna, excepto para acceder a los grupos 1 [titulados universitarios] y 2, quedarán exentos de reunir el requisito de titulación reseñado anteriormente, siempre y cuando acrediten una experiencia mínima de cinco años de antigüedad en la plantilla”.
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